Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes
La entrevista del secretario de Estado Marco Rubio con George Stephanopoulos en This Week este Domingo 4 de Enero 2026 no fue un intercambio retórico más, sino la explicitación pública de una doctrina de poder que hasta ahora se había aplicado con ambigüedad calculada.
Por primera vez, un alto funcionario estadounidense describió sin rodeos un esquema de control indirecto sobre Venezuela que no se presenta como ocupación ni como guerra, pero que en los hechos condiciona de manera determinante la vida económica, política y estratégica del país.
No se trata de una metáfora. Rubio habló de una cuarentena petrolera total, ejecutada mediante interdicción naval selectiva y respaldada —según afirmó— por órdenes judiciales estadounidenses.
Evita cuidadosamente el término “bloqueo”, consciente de su peso jurídico e histórico en América Latina, pero lo que describe es funcionalmente equivalente. Buques sancionados que entren o salgan de Venezuela pueden ser incautados, caso por caso, con una fuerza naval ya desplegada y con capacidad para paralizar completamente la exportación de crudo.
En una economía que depende casi exclusivamente del petróleo, esta medida no es un instrumento diplomático más, sino una palanca de asfixia estructural.
Rubio lo admite sin rodeos: el objetivo es que la economía venezolana no pueda “moverse hacia adelante” hasta que se cumplan condiciones definidas por Washington.
La insistencia de Stephanopoulos en una pregunta incómoda —quién gobierna realmente Venezuela— obligó a Rubio a una respuesta reveladora.
No afirmó que Estados Unidos administre el país, pero sí reconoció que “dirige la dirección” que tomará en adelante.
Esa frase marca un umbral conceptual: no hay ocupación formal, no hay administración civil extranjera, pero sí una tutela estratégica basada en el control de los flujos vitales.
Es una forma moderna de poder, menos visible que las intervenciones del siglo XX, pero no menos efectiva.
El punto más sensible del intercambio fue el jurídico. Rubio sostuvo que la captura de Nicolás Maduro no constituyó una invasión, sino una operación de aplicación de la ley: un arresto ejecutado por agentes federales con apoyo militar limitado y selectivo.
Según su versión, no era necesaria autorización del Congreso porque no se trató de ocupar territorio ni de iniciar hostilidades permanentes, sino de ejecutar una orden judicial contra un individuo acusado de delitos graves.
El argumento se apoya en dos pilares clásicos del poder ejecutivo estadounidense: la urgencia operativa y la necesidad de secreto para proteger vidas. Desde esa lógica, la legalidad no se deriva del derecho internacional ni del sistema interamericano, sino del ordenamiento judicial interno de Estados Unidos.
Esta concepción sienta un precedente de enorme alcance. Si un Estado puede ejecutar arrestos extraterritoriales de facto contra quienes considera criminales, con respaldo militar y sin autorización legislativa previa, el límite entre aplicación de la ley y uso unilateral de la fuerza se vuelve peligrosamente difuso.
Rubio parece consciente de la controversia, pero no la elude: insiste en que las órdenes judiciales son autoridad suficiente y en que el éxito operativo valida su legitimidad.
En el plano político, el secretario de Estado mantuvo una distinción tan pragmática como contradictoria. Estados Unidos no reconoce legitimidad electoral al régimen venezolano, pero negocia y exige a quienes controlan efectivamente el territorio, los aeropuertos, las armas y las instituciones.
La mención de conversaciones con Delcy Rodríguez ilustra esta dualidad: desafío retórico hacia el exterior, compromisos operativos hacia Washington. Para Rubio, las palabras no importan; importan los hechos verificables. Es una diplomacia sin ilusiones, basada en resultados medibles y no en declaraciones públicas.
El núcleo económico del plan es el petróleo. Rubio describió la industria venezolana como un sistema de saqueo: instalaciones deterioradas, producción mínima y rentas concentradas en manos de una élite que vende crudo con descuentos extremos y se apropia del ingreso. Frente a ese cuadro, la alternativa que ofrece no es estatal ni multilateral, sino privada y occidental: apertura a compañías extranjeras, especialmente aquellas capaces de refinar crudo pesado en el Golfo de Estados Unidos.
La promesa es que, bajo nuevas reglas, el petróleo vuelva a beneficiar a la población y no a una camarilla. La condición es inequívoca: sin cambios profundos en la gobernanza del sector, la cuarentena continuará.
Todo el discurso estuvo enmarcado en una lógica de seguridad hemisférica. Venezuela fue presentada no solo como un país en crisis, sino como un nodo de amenazas: narcotráfico, migración descontrolada, pandillas transnacionales, presencia de actores hostiles como Irán y Hizbolá, y santuario de organizaciones armadas que operan contra Colombia y los intereses estadounidenses.
En ese marco, la cuestión humanitaria queda subordinada al imperativo estratégico. Rubio lo dijo con claridad: el objetivo número uno es Estados Unidos; el bienestar venezolano es importante, pero secundario.
La entrevista deja, en última instancia, una sensación inquietante. No estamos ante un regreso mecánico de las intervenciones militares clásicas, sino ante una doctrina más sofisticada: sanciones judicializadas, interdicción naval, arrestos selectivos y presión económica total como sustitutos de la ocupación. Para algunos, es realismo crudo y eficaz; para otros, una erosión grave del derecho internacional y del equilibrio institucional dentro del propio sistema estadounidense.
Lo cierto es que, tras esta entrevista, ya no puede sostenerse que la política de Washington hacia Venezuela sea ambigua. Es explícita, coercitiva y asumida públicamente. Y sus consecuencias, para Venezuela y para el orden regional, apenas comienzan a desplegarse.
