La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) solicitó al Congreso revisar a fondo los artículos 15 y 16 del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios para asegurar que el objetivo de protección al arrendatario y al arrendador no derive en un traslado indebido de funciones a las entidades financieras.
La pieza fue aprobada recientemente en primera lectura por la Cámara de Diputados.
En la misiva, firmada por la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, la entidad mostró preocupación por el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en entidades bancarias estipulado en la iniciativa, por considerar que se imponen funciones al sistema financiero para las que no tiene atribuciones legales ni operativas.
“Aunque puede interpretarse como una medida para fomentar la bancarización y la trazabilidad, se trata de una garantía dentro de un contrato de alquiler, que es una relación privada entre arrendador e inquilino. Imponer su gestión obligatoria a través de una entidad financiera altera su naturaleza jurídica y añade un actor externo sin atribuciones claras dentro de dicha relación”, precisó.
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En la carta dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial, la ABA objetó que el proyecto plantea que los bancos deban entregar esas garantías “sin más trámite”, sin definir criterios objetivos ni procesos para determinar si se ha cumplido o no con el contrato, lo que considera inviable.
“No se define con claridad si dicho depósito debe mantenerse íntegro durante toda la vigencia del contrato de alquiler, ni si podría ser sujeto a retiro anticipado bajo ciertas condiciones, ni mucho menos quién ostenta la facultad de autorizar su devolución en casos de controversia o incumplimiento”, indicó. En cuanto a la obligatoriedad de notificar los contratos al órgano supervisor bancario, la ABA consideró que esto “representa una carga operativa sin precedentes y alejada por completo de nuestras funciones como sector financiero”.
Planteó que estas obligaciones introducirían cargas significativas de cumplimiento, incluyendo el desarrollo de funcionalidades tecnológicas específicas, segmentación de productos, capacitación especializada del personal y creación de mecanismos diferenciados para lograr identificar y gestionar adecuadamente los depósitos clasificados como «garantías de alquiler».
La ABA advirtió que, si la redacción propuesta es aprobada sin ajustes, colocaría a las entidades bancarias en una posición análoga al proceso actual de interposición de los embargos, frecuentemente utilizado sin criterios claros ni mecanismos adecuados de control judicial previo, generando abusos y distorsiones que se traducen en inseguridad jurídica y afectaciones económicas.
La ABA expresó que, lejos de resolver una necesidad, el proyecto podría introducir más inseguridad jurídica en relaciones que deberían mantenerse bajo el marco de la autonomía contractual entre partes.
